Los procuradores

No tengo nada en contra de los Procuradores de Familia. Estos encantadores y maravillosos funcionarios públicos hacen su labor como Dios manda, aunque a veces dudamos que sea él el que los haya mandado. Son diligentes, responsables, exquisitos compañeros y excelentes profesionales. Aunque parezca una perogrullada, son el Poder Ejecutivo en función, vale. Son abogados que abogan y procuran. Usted sabe que hay funcionarios que no funcionan, abogados que no abogan y procuradores que no procuran. Hay ocasiones en que algunos compañeros tienen riñas, encontronazos y disputas con alguno de ellos pero, la tengan o no, siempre les doy la razón a estos buenazos servidores públicos.

Después de más de veinte mil affidavits, varios protocolos notariales con sus actas de corrección, encuadernados, raídos e inspeccionados; después de muchas alegaciones, balanceos incesantes en la cabuya floja del desacato; de haber acumulado múltiples NO HA LUGARES del sacrosanto, sabio, impoluto y supremo Olimpo y otras tonterías más características de este arduo y noble oficio, sin ningún empacho puedo afirmar que lo más que contraría, enfogona, molesta, incomoda y altera a los que en ocasiones peleamos con los buenos Procuradores, son las famosas solicitudes de autorizaciones judiciales, anacronismo que existe en casos de derechos y bienes de menores o incapaces.

Una vez pasado el vía crucis procesal que representa litigar con una aseguradora con todas sus prórrogas automáticamente concedidas, sus tontos interrogatorios sin sentido, más de bobos que de abogados, sus requerimientos de admisiones y producción de documentos que no tienen que ver con el caso, mociones insípidas, planteamientos de idiocios que detienen casos y asombran a jueces, displicentes deposiciones decorativas para que el bufete complete el total ordeñe de la sagrada Vaca Insurance Company y demás falsos agarres y engañifas interlocutorias, irremediablemente y como ñapa procesal, hay que solicitar autorización judicial para poder aceptar una transacción.

Ahí es donde intervienen nuestros queridos Procuradores de Familia ya que como requisito del trámite, le enviamos copia de la solicitud de autorización judicial. Con bastante frecuencia el Procurador, haciendo esa difícil y genial tarea de decir que no cuando se tiene el sartén agarrado por el mango, no estará de acuerdo con la transacción lograda con tanto esfuerzo y a pesar de tanta pocavergüenza de la parte demandada. Solemnemente y cónsono con las sublimes y profundas palabras de Maga cuando llena de angustia dijo que los niños serían primeros, el Procurador contestará: “¡Me opongo, los daños son muchos y el dinero es poco!” El tribunal, que no acaba de entender que no es parte del ejecutivo, casi siempre coincide con el criterio del Procurador.

Escuchar el dictamen de oposición casi admonición, produce micro infartos, úlceras, taquicardias y deseos irresistibles de botar el maldito bulto con todo y mugroso expediente e irse a ahogar las penas entre copas y amigos con música de Felipe Rodríguez en una barra cualquiera de paredes empapeladas con el poder de la semana. Siendo cuestión de gusto y dinero, podría ser otro lugar con otra música, acompañantes y decorado.

Para evitar más sufrimientos, desgracias, incapacidades y muertes de tantos compañeros que tristes y agobiados arrastran su existencia en un vagar sin rumbo por los sórdidos pasillos de nuestros centros judiciales por culpa de las malditas compañías que cínicamente se vanaglorian diciendo que nos dan vida cuando en verdad nos la roban, y de los benditos Procuradores que en representación del Estado quieren y se preocupan tanto por los menores, sugiero se enmiende el artículo 615 del Código de Enjuiciamiento Civil para que diga los siguientes “sis”:

a) Si el Procurador se opone a la transacción informada, el Estado tendrá la obligación de pagar el doble en caso de que la sentencia le sea adversa al menor. De declararse con lugar la demanda pero por cantidad distinta a la que se rechazó en transacción, el Estado completará la cantidad hasta el monto originalmente ofrecido más una penalidad igual a ésta.

b) Si el Estado se opone a la transacción, será obligación del Procurador que intervenga, continuar representando al menor en todas las etapas del caso bajo la supervisión inmediata del abogado proponente y pagar  todas las costas que el proceso genere.

c) Si el Procurador actuara temerariamente al oponerse a la transacción propuesta siendo su oposición una pueril sacada de pecho para demostrar poder, la sentencia haría a éste responsable solidariamente, quedando liberado si renuncia a su trabajo, en cuyo caso los autos serán elevados al Supremo para acción disciplinaria.

d) Si el demandado es el Estado, no será necesaria la autorización judicial ya que no es ético que siendo éste el que ofrece la transacción, sea el que evalúe la conveniencia de la oferta.

e) Si el demandante prevalece en su causa de acción y existiera en el pleito una compañía aseguradora codemandada, será obligación de ésta, bajo penalidad de cancelación de licencia, pagar al Ilustre Colegio de Abogados una cantidad igual a la concedida en sentencia. Dicha suma será utilizada exclusivamente para la creación y mantenimiento de la Casa Protegida de Abogados Vilipendiados y para la Fundación de Estudios Avanzados en Imbecilidades Procesales y Ramas Anexas.